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La reactivación de la construcción de viviendas protegidas será uno de los principales acicates para el sector y también para la creación de empleo en los próximos años. Los cálculos elevan hasta 8.000 los puestos de trabajo directos que se pueden crear con el incremento del parque público de viviendas en más de 3.000 pisos nuevos en cuatro años que pretende el Gobierno regional, mientras que los empleos indirectos podrían superar los 10.000. Hace más de una década que no se edifican en las Islas nuevas casas con precios asequibles para familias que no pueden acceder al mercado privado o protegidas por la Administración para alquilar a familias vulnerables.
Según las estimaciones del sector, cada vivienda genera 2,4 puestos de trabajo directos y hasta 3,3 indirectos. La construcción suele tener un efecto multiplicador en la actividad económica ya que por cada euro que se invierte se generan casi dos euros más -1,9 euros- y por cada millón de euros se crean hasta 10 puestos de trabajo directos y 14 indirectos de los diferentes subsectores que suministran a las empresas constructoras.
La construcción fue el principal sector castigado por la recesión de 2008, como lo ha sido ahora el turismo por la crisis del Covid-19. Por eso una de las principales claves de la dinamización económica es el incremento de la inversión pública tanto en las infraestructuras pendientes como en la construcción y rehabilitación de viviendas, dos facetas que arrastran muchos puestos de trabajo y palía en parte el déficit de casas públicas de las que adolece Canarias.
El Ejecutivo regional ha apretado el acelerador en los últimos meses para ir concretando con las organizaciones empresariales y con los ayuntamientos las necesidades de vivienda en las Islas sobre suelo que esté apto para iniciar los proyectos de construcción. Entre las casas que se van a edificar incluidas en el próximo Plan de Vivienda 2020-2023 y las que se construirán con fondos del Estado para amortiguar los precios del alquiler, las Islas podrán disponer de unas 3.000 viviendas nuevas, que pueden ser más si aumentan los fondos procedentes de Europa para la recuperación económica, los ayuntamientos agilizan la cesión de suelo y las empresas mantienen sus proyectos hasta el final de las nuevas promociones.
En los últimos días el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, se ha reunido y ha firmado con varios ayuntamientos la cesión de suelodestinado a casas protegidas. En este marco ya se han firmado convenio con Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Gáldar, entre otros municipios, y en las próximas semanas también se alcanzarán acuerdos con los consistorios de Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna, convenios que facilitarán la construcción de 1.100 viviendas.
Además de estos municipios, una de las prioridades del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es desbloquear suelo para edificar pisos en los principales municipios turísticoscomo San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Adeje y Arona. Se trata de zonas donde el precio del alquiler se ha disparado y los residentes y trabajadores tienen una escasa oferta de casas asequibles frente el boom del alquiler vacacional y la presión que ejerce la actividad turística sobre los precios. De hecho, el procedimiento de firmar convenios se repetirá con todos los ayuntamientos que estén en disposición de ceder suelo para viviendas públicas. En este sentido, el Icavi ultima acuerdos también con El Rosario, Güimar, Los Realejos, El Sauzal, Puntallana y Arucas, entre otros.
Una de las principales demandas de los constructores es que el suelo que se ceda por parte de los ayuntamientos sea finalista, es decir, que cumpla con todos los trámites para que se pueda construir en el mismo de inmediato. "Hay muchos suelos que no están preparados y cuando se reservan para vivienda se tardan meses en calificarlos y que sean urbanos", advierte la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas, Salud Gil. "Si el suelo no es finalista no se puede actuar de inmediato", recalca Gil.
Por ello, la patronal de la construcción de Las Palmas demanda al Ejecutivo la aprobación de un decreto específico para este y otros asuntos con el fin de que se simplifiquen los trámites del Instituto Canario de la Vivienda: "no se pueden tardar seis meses en calificar una vivienda de protección oficial, hay que obviar aquellos obstáculos que son salvables e ir a lo esencial, el Gobierno lo tiene fácil si quiere que las nuevas viviendas se construyan de forma ágil y eficaz".
Las 2.200 viviendas que se ha marcado el Ejecutivo en cuatro años es un objetivo poco ambicioso para la presidenta de los constructores ya que, en su opinión, éste debería ser el objetivo en un solo año si se hacen las cosas con eficacia y agilidad. Por ello la patronal demanda primero un plan de choque en el que se incluya aquel suelo en el que se pueda actuar de inmediato, las viviendas públicas de alquiler que se ha pactado con el Gobierno central y las acciones para la rehabilitación del parque público. De forma paralela hay que diseñar una estrategia a más largo plazo "que hace años que no hay", subraya Gil.
Por parte de los ayuntamientos hay totaldisposición para ceder el suelo necesariopara viviendas públicas. El consejero Franquis ya ha contactado con los cuatro municipios más habitados de Canarias y este lunes se reunirá con el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para extender la petición de suelo a todos los ayuntamientos. Una de las principales peticiones de los alcaldes es que también se tengan en cuenta a los municipios pequeños que, aunque en menor proporción, también cuentan con familias demandantes de viviendas protegidas.
Óscar Hernández, vicepresidente de la Fecam, espera que el Ejecutivo concrete también con los ayuntamientos medianos y pequeños su planificación y objetivos en política de vivienda porque hasta ahora solo lo ha hecho con los municipios grandes. Hernández cree que la mayoría de los ayuntamientos canarios están en disposición de ceder suelo a la Comunidad Autónoma con los requisitos para poder construir, ya que en el desarrollo de los planeamientos urbanísticos los consistorios han reservado bolsas de terrenos para este fin.
Una de las cuestiones que ha matizado el departamento que dirige Sebastián Franquis es que de las más de 3.000 viviendas que se pretenden construir en cuatro años, unas 800 forman parte del llamado Plan 20.000 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Ejecutivo regional se sumó a esta iniciativa del Gobierno central para facilitar alquileres asequibles en aquellos municipios más perjudicados por el elevado nivel del precio del alquiler. Este es el primer objetivo de las reuniones iniciales del consejero con los ayuntamientos para encontrar suelo para estas promociones que sufragará el Ministerio, sobre todo donde hay más concentración de población y en las zonas turísticas.
Junto a la construcción de nuevas viviendas, durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se ha habilitado una partida de 12 millones de euros para ayudas al pago del alquiler a las familias más afectadas por esta situación. Más de 23.000 solicitudes se han presentado y el Ejecutivo se ha visto obligado a aumentar en cuatro millones más el crédito destinado a este fin. Este programa de ayudas contaba con un presupuesto inicial de 5,3 millones de euros y el Ejecutivo regional lo ha ido aumentando hasta los 12 millones de euros debido a la elevada demanda existente, acrecentada como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia y que ha afectado al empleo.
